Tierra de Nadie

Por Yadira Hidalgo*

En México no hay, no puede haber héroes. Mucho menos heroínas. Están condenados a muerte.

El 19 de octubre de 2001, la luchadora social Digna Ochoa, fue encontrada en su despacho en la ciudad de México, ultimada de dos tiros: uno en la pierna y otro en la sien. Contaba entonces con 37 años.

Desde el primer momento la teoría de un asesinato cobró fuerza en los medios y en la opinión pública, además, había antecedentes. Digna recibió varias amenazas de las que sus compañeros de trabajo en el Centro de Derechos Humanos, Agustín Pro Juárez, estaban al tanto. Antes de morir, Digna había sido secuestrada y torturada en dos ocasiones, la última en su propia casa. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dictaminó que se había suicidado.

Originaria de la ciudad de Misantla, en la Sierra del estado de Veracruz, Digna Ochoa decidió desde muy niña, dedicarse al Derecho pues creció escuchando a su padre, líder obrero de plantaciones azucareras, hablar con sus compañeros de la necesidad de defenderse y de no contar con el dinero suficiente para pagar a un abogado.

Esta experiencia y - dicen algunos - una profunda fe religiosa que también la llevó al noviciado, le hicieron consagrar su vida profesional a la defensa de personas con menos recursos y en clara desventaja. Así, muchos de sus defendidos pertenecían a grupos indígenas, principalmente del estado de Guerrero.

Uno de los casos que Digna defendió antes de su muerte y que causó mucha repercusión en la opinión pública nacional e internacional, fue el de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas de la Sierra de Guerrero quienes por denunciar la tala inmoderada y obstaculizar los intereses y negocios que el gobierno de ese estado había pactado con la trasnacional maderera Brise Cascade, fueron acusados de sembrar marihuana, de portar armas de uso exclusivo del ejército y de pertenecer al EPR (Ejército Popular Revolucionario, movimiento guerrillero de la zona).

Digna Ochoa también defendió a los hermanos Cerezo Contreras, tres estudiantes de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) quienes fueron acusados de pertenecer a un grupo guerrillero (FARP- Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo) y de poner artefactos explosivos en sucursales de Banamex (Banco Nacional de México). Anteriormente, la abogada se había destacado por haber defendido a algunos indígenas chiapanecos acusados de pertenecer al EZLN, así como por llevar los caso de los campesinos muertos en las matanzas de Aguas Bancas (Guerrero. 1995) y El Charco (Guerrero. 1998).

Los casos llevados por la abogada veracruzana eran considerados “muy delicados”, pues en ellos salió a relucir la participación del Ejército, de las autoridades locales (caciques) y de los grupos policíacos. Algunos aseguran que la tumba de la defensora de los Derechos Humanos fue cavada una vez que empezó a acercarse a las redes del narcotráfico, que ha hecho del estado de Guerrero, una zona de sus operaciones.

Digna Ochoa vivió amenazada los últimos cinco años de su vida e incluso tuvo que exiliarse en Washington DC. En ese tiempo recibió un reconocimiento por su labor en pro de los Derechos Humanos y llegó a denunciar públicamente el hostigamiento del que era víctima por parte de miembros del ejército mexicano.

Después de su muerte, la disparatada teoría del suicidio – imposible, según lo han demostrado expertos a los que las autoridades mexicanas no han concedido valor – adquirió presencia en los medios debido principalmente a la divulgación de un “perfil psicológico” que fue difundido a nivel nacional y que la catalogaba como esquizoide, paranoica y depresiva.

Dice el periodista colombiano Javier Darío Restrepo que sólo hay algo peor que la muerte física y esto es la muerte moral.

En México, las autoridades y el sospechosismo, fomentado por la desconfianza, la poca credibilidad en la justicia y las maquinaciones de los líderes políticos, han sido los principales autores de la muerte moral de muchos periodistas, luchadores sociales, ciudadanos comunes y políticos incómodos. Así, no basta matarlos a tiros, después se les entierra bajo la losa del desprestigio.

Han pasado cuatro años y familiares, amigos, compañeros, colegas y ciudadanos pertenecientes a colectivos y organizaciones, siguen clamando justicia. Se habla de exhumar sus restos, se habla de realizar nuevas y sofisticadas pruebas al cadáver, se habla de volver a abrir el expediente. Se habla, se habla. Sin embargo lo que ha prevalecido en estos 4 años es la impunidad que es otra cara del silencio.

Y mientras todos callan, Digna no descansa en paz.